Centros de Datos: ¿Qué ha cambiado en el borrador de Real Decreto?

¿Cuáles son los principales cambios?

¿Qué centros de datos quedan ahora sujetos a la norma (art. 2)?

Contexto: El borrador inicial aplicaba las obligaciones a los centros con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW (y a los grupos de centros en la misma ubicación y de la misma titularidad que alcanzasen dicha potencia de forma agregada). Además, definía la "potencia de acceso" como la que figurase en los permisos o, si era superior, la contratada en el ATR. El artículo 2.2 incluía a los gestores de red y a la CNMC, en el ámbito de sus competencias. Solo excluía los centros dedicados en exclusiva a defensa, protección civil y seguridad pública.

El Nuevo Borrador eleva de 1 MW a 10 MW el umbral de potencia de acceso a partir del cual los centros de datos quedan sujetos al real decreto. El umbral incluye la agrupación de centros de un mismo titular, cuyo criterio sigue sin concretarse. Además, suprime la definición de "potencia de acceso" y la referencia a la CNMC del artículo 2.2. Se excepcionan, como novedad: (i) las instalaciones con equipamiento TIC cuya actividad principal no sea la de centro de datos, en las que solo computa la potencia destinada en exclusiva a esa actividad; y (ii) los centros de datos de entidades del sector público estatal que sean operadores críticos según la Ley 8/2011, o que estén adscritos a ellas.

El umbral no se aplica a las obligaciones de soberanía digital (art. 5). Las obligaciones de publicidad sobre eficiencia energética y sostenibilidad (art. 14) se siguen aplicando a los centros con potencia TI igual o superior a 500 kW, sin cambios respecto al Proyecto de RD. 

¿Cómo se han reconfigurado los requisitos de soberanía digital (art. 5)?

Contexto: En el borrador inicial el artículo 5 imponía a todos los centros dentro del ámbito de aplicación un conjunto de requisitos generales (establecimiento en la UE, permanencia en la UE de datos, metadatos y registros, trazabilidad del soporte desde terceros países, supervisión de subcontratistas directos y medidas frente a accesos de autoridades de terceros países), acreditados mediante una doble declaración responsable. Su exigibilidad (salvo algunos apartados) quedaba diferida, sin plazo, hasta la aprobación de una orden ministerial (antigua DT 5ª, ahora suprimida).

El Nuevo Borrador suprime la resiliencia y centra el artículo 5 en la soberanía digital. El titular del centro no podrá alojar sistemas de categoría ALTA del ENS salvo que se cumplan tres condiciones. 

• Primera: los datos de contenido y de uso deben permanecer en la UE/EEE, salvo régimen equivalente o alternativo de la UE; los metadatos y la telemetría quedan fuera. 
• Segunda: solo caben operaciones desde otros países si son técnicamente imprescindibles, quedan registradas y no generan copias persistentes fuera de la UE/EEE. 
• Tercera: deben adoptarse medidas frente a solicitudes de autoridades de terceros países contrarias al Derecho de la UE. 

Las condiciones sólo son exigibles desde que se comunica al titular que el sistema es ALTA. El titular no responde de lo ajeno a su control, pero sí si el incumplimiento persiste tras la subsanación. 

Se exigen dos declaraciones responsables: una con la solicitud de acceso y conexión y otra ante el MTDFP antes de alojar el primer sistema ALTA. La primera es requisito para los permisos (art. 4.1.a), por lo que parece exigible incluso a centros que nunca alojen sistemas ALTA, pese a lo que sugiere la exposición de motivos. 

Tres incumplimientos graves no subsanados pueden conllevar la pérdida del permiso de acceso y conexión. Una orden ministerial lo desarrollará en seis meses; si no se aprueba, las condiciones serán directamente exigibles. 

Los proyectos con permisos no conectados (DT 5ª) a los que ya se haya comunicado que alojan sistemas ALTA tendrán doce meses para adecuarse, sin caducidad del permiso. El artículo 5 también se aplica a los proyectos estratégicos europeos (DT 2ª).

¿Qué cambia en los requisitos de eficiencia energética e hídrica (art. 6)?

Contexto: El borrador inicial exigía la clase «A» de la etiqueta europea para PUE y WUE y, transitoriamente, un PUE ≤ 1,15 y un WUE ≤ 0,1. Se consideraba incumplimiento grave situarse en clase «B» o inferior durante dos años consecutivos, y el plazo de subsanación (no inferior a tres meses) podía reducirse en caso de riesgo grave e inmediato.

En el Nuevo Borrador se exige que ambos requisitos sean de clase «A», siendo: (i) la eficiencia hídrica la de la etiqueta europea; y (ii) la eficiencia energética la máxima categoría que resulte de la normalización que se realice según el uso, la evolución o introducción de tecnologías y los distintos climas a nivel nacional (objeto de desarrollo mediante orden ministerial conforme a la nueva DA 4ª). 

Con carácter transitorio (DT 6ª), hasta la aplicación del sistema europeo de etiquetado y la metodología para la eficiencia energética, los requisitos se establecen en: PUE 1,25 (se eleva con respecto al borrador inicial); y el WUE se mantiene en 0,1. 
Los referidos niveles deberán alcanzarse transcurridos seis meses desde la entrada en funcionamiento del centro de datos y serán verificables a partir del primer año natural completo siguiente. 

Adicionalmente, la nueva DT 8ª prevé un periodo transitorio más amplio para el cumplimiento de la eficiencia energética: los centros de datos que hayan formalizado el contrato ATR antes del 1 de enero de 2029 deberán cumplir, hasta el 31 de diciembre de 2031, un PUE ≤ 1,25 "en sustitución" de los valores del artículo 6.1 y de la DT 6ª. A partir del 1 de enero de 2032 quedarán sujetos al artículo 6.1 con la metodología de normalización climática.

¿Cómo se flexibiliza el requisito de adicionalidad (art. 8)?

Contexto: Conforme al borrador inicial, el centro de datos debía cubrir el 80 % de su consumo con autoconsumo o con PPAs con productores renovables ubicados en España, con puesta en servicio no anterior en más de 18 meses a la entrada en funcionamiento del centro de datos. El sector alegó que dicho plazo y la limitación a instalaciones de energía renovable eran excesivos.

El Nuevo Borrador mantiene el porcentaje del 80 % pero introduce las siguientes novedades:

• Ventana de 36 meses: el acta de puesta en servicio de las instalaciones no podrá ser anterior en más de 36 meses a la entrada en funcionamiento del centro de datos, que se identifica ahora únicamente con la celebración del contrato ATR (se suprime la referencia al primer consumo).
• Incluye instalaciones de almacenamiento ubicadas en España como contraparte de los PPAs.
• Las repotenciaciones de instalaciones de producción y almacenamiento (art. 7 del Real Decreto 997/2025) también se permiten para cumplir adicionalidad cuando requieran una revisión sustancial del acuerdo de conexión (art. 7 del Real Decreto 647/2020). En estos casos, la ventana se computa desde la fecha de revisión del acuerdo de conexión.
• Incluye instalaciones renovables de biomasa (categorías b.6, b.7 y b.8 del Real Decreto 413/2014) que hayan percibido el régimen retributivo específico y finalicen su vida útil regulatoria. En este caso, la ventana se computa desde el fin de dicha vida útil.
• Excepción fotovoltaica. Las instalaciones fotovoltaicas podrán emplearse con independencia de su fecha de puesta en servicio, siempre que no tuvieran suscrito ningún PPA a la entrada en vigor del real decreto.
• La entidad de verificación es distinta dependiendo de si la adicionalidad se acredita mediante:
• Autoconsumo, se verifica anualmente por el gestor de la red a la que se conecten las instalaciones.
• PPAs, se verifica anualmente por el operador del sistema (REE). Cuando el centro de datos se conecte a la red de distribución, el gestor de distribución comunicará al operador del sistema la instalación de consumo y las instalaciones asociadas.
• Plazo inicial (nueva DT 7ª). Hasta el 31 de diciembre de 2028, los titulares de centros de datos dispondrán de seis meses desde la formalización del contrato de acceso para cumplir la adicionalidad.
• Se prevé un régimen específico para los proyectos estratégicos europeos (vid. ¿Qué régimen se prevé para los proyectos estratégicos europeos de soberanía digital (DT 2ª)? más abajo).

¿Qué novedades afectan a la correlación horaria y al régimen de recargos (arts. 9 y 10)?

Contexto: En el borrador inicial el respaldo horario del 80% solo podía articularse mediante autoconsumo o PPAs con productores renovables. Asimismo, los recargos se graduaban en tres tramos (10%, 30% y 50%) según el porcentaje de horas de incumplimiento en el mes, con un incremento de 10 puntos porcentuales por cada mes consecutivo de incumplimiento.

En el Nuevo Borrador las principales novedades son las siguientes:

• Almacenamiento. Se admite el respaldo con almacenamiento, cuya energía inyectada se presume renovable. Hay reglas específicas de cómputo:
  • Almacenamiento hibridado con instalaciones de producción y con permisos de demanda. Cada mes se verifica la energía tomada de la red y la cuota renovable del sistema en esas horas. La parte de origen no renovable se descuenta de la producción en el siguiente o siguientes periodos con producción neta.
  • Almacenamiento no asociado a generación (independientes). Se atiende, para cada hora, a la situación combinada de producción y almacenamiento. Si la producción supera la demanda del almacenamiento, solo computa la diferencia. Si es inferior, la demanda no cubierta sigue las reglas del almacenamiento hibridado.
• Recargo por incumplimiento de correlación horaria, en cinco tramos según el porcentaje total de incumplimiento mensual: 10% (menos del 5%); 15% (5%-10%); 30% (10%-20%); 70% (20%-50%); y 100% (50% o más).
• Porcentaje total de incumplimiento. Es la media aritmética de los porcentajes horarios del mes, calculados según la energía renovable de respaldo y la energía consumida en esa hora. Vale 0% si el respaldo es igual o superior al 80% y 100% si no hay respaldo, con interpolación lineal entre ambos extremos.
• Escalado anual. El incremento de 10 puntos porcentuales pasa a aplicarse por cada año consecutivo adicional de incumplimiento, y no por cada mes como preveía el borrador inicial.
• Destino de los ingresos. Los recargos se consideran ingreso del sistema eléctrico conforme al artículo 2.2.d) del Real Decreto 148/2021.
• Remisión al SRAP. Este régimen general se modula durante un periodo transitorio para los centros de datos que se acojan al régimen SRAP de la nueva DT 1ª (véase el apartado siguiente ¿Cómo es el nuevo régimen transitorio vinculado al SRAP?).

¿Se ha modificado el régimen de la pérdida de los permisos de acceso y conexión (art. 11)?

En cuanto a los supuestos de pérdida, no hay cambios sustanciales (los cambios procedimentales del artículo 11 se analizan más abajo). No obstante, el artículo 11.1 enumera ahora los supuestos en letras a) y b) y suprime la conjunción "o" que los configuraba como alternativos, lo que podría suscitar la duda de si deben producirse de forma acumulada. El contexto da a entender que son alternativas, si bien la redacción es mejorable.

¿Qué cambia en los PPAs (art. 12)?

Contexto: El borrador inicial exigía una duración mínima de diez años, elevación a escritura pública, reflejo expreso de la relación entre el centro de datos y las instalaciones y exclusión de coberturas basadas solo en garantías de origen.

En el Nuevo Borrador la duración mínima se reduce a seis años y se añade la obligación del productor de la energía renovable asociada de redimir, al menos una vez al año, las garantías de origen asociadas ante la CNMC indicando el CUPS del centro de datos. Se mantienen el resto de los requisitos, en particular, la escritura pública, la invalidez de los contratos financieros de la matriz o del grupo que no reflejen la relación con el centro y la exclusión de los productos negociados en mercados organizados acreditados solo con garantías de origen.

¿Cómo es el nuevo régimen transitorio vinculado al SRAP (DT 1ª)?

Según la nueva DT 1ª, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del real decreto, los centros de datos podrán cumplir los requisitos técnicos para participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). A cambio, la correlación horaria se exige de forma progresiva, en lugar del 80% hora a hora del artículo 9: (i) hasta el 31 de diciembre de 2028, el 60% de la energía consumida en las horas del periodo P1 que corresponda a su nivel de tensión; y (ii) desde el 1 de enero de 2029 hasta el final del periodo transitorio, el 70% en P1 y el 60% en P2. 

Requisitos para acogerse al SRAP:

• La instalación debe estar habilitada en el SRAP y superar las pruebas de habilitación del procedimiento de operación 3.11 de la CNMC. 

• Ante una contingencia o un incumplimiento de los criterios de seguridad del procedimiento de operación 1.1 de la CNMC, el centro de datos debe poder reducir su consumo a cero dentro del tiempo de respuesta que comunique el operador del sistema tras la señal de predisposición. 

• En autoconsumo, no se modifica el programa de generación. 

Estos centros de datos tienen la consideración de preferentes al ser los primeros en atender la señal de predisposición para reducir el consumo. 
Para acogerse a este régimen transitorio, debe presentarse una declaración responsable junto con la solicitud de permisos de acceso y conexión. Solo pueden hacerlo las instalaciones que entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2030. 

La baja en el SRAP (voluntaria o por incumplimiento) o el incumplimiento de los requisitos del procedimiento de operación 3.11 puede dar lugar a la pérdida de los permisos de acceso y conexión (conforme al artículo 11, previa notificación del operador del sistema). Mientras no se declare la pérdida del permiso, el operador del sistema puede adoptar las medidas que considere necesarias, incluida la desconexión de la instalación, sin derecho a indemnización y sin que compute a efectos de calidad de suministro. Pasados los cinco años, se aplica íntegramente la correlación horaria del artículo 9. 

¿Qué régimen se prevé para los proyectos estratégicos europeos de soberanía digital (DT 2ª)?

La nueva DT 2ª crea un régimen específico para los centros de datos que cumplan conjuntamente los siguientes requisitos: 

• Iniciativa europea: participar en convocatorias de la UE anteriores al real decreto para reforzar la soberanía digital (factorías y gigafactorías de IA, supercomputadores o proyectos presentados por el Gobierno).
• Control europeo de los equipos: los controla una entidad con sede en la UE, sin influencia determinante de terceros Estados. Un tercero, incluso no europeo, puede explotarlos bajo su dirección y si ella puede revocar el encargo.
• Alojamiento pasivo neutral: el titular del edificio no accede a los datos ni controla los equipos.

No basta intermediar o revender capacidad controlada desde terceros Estados.

La aplicación de este régimen requiere además dos informes favorables y vinculantes: (i) del MTDFP, sobre las condiciones de soberanía; y (ii) del operador del sistema, sobre la afección a la seguridad del sistema eléctrico. El régimen se aplica desde que ambos informes constan en el expediente del gestor de la red.

Las especialidades afectan a los artículos 6 a 9:

• Eficiencia:
  • clase C (PUE ≤ 1,35 y WUE ≤ 0,4) para los centros ya en funcionamiento o con permisos a la entrada en vigor;
  • clase B (PUE ≤ 1,25 y WUE ≤ 0,2) para los que entren en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2029;
  • clase A (PUE ≤ 1,15 y WUE ≤ 0,1) para los que lo hagan desde el 1 de enero de 2030.
• Adicionalidad. 60 meses en vez de 36, sin contar retrasos ajenos al promotor (e.g., infraestructuras de conexión de REE o los retrasos en informes sectoriales).
• Correlación horaria. Se referencia a la cuota media de generación renovable del sistema, revisable de forma anual y automática.

El incumplimiento lleva a los recargos y a la pérdida de permisos de los artículos 10 y 11.

Pedir el informe del MTDFP en el mes siguiente a la entrada en vigor (o a la candidatura, si es posterior) suspende los plazos transitorios hasta que se emitan ambos informes. Si alguno es desfavorable, se reanudan.

El artículo 5 (soberanía digital) sigue siendo aplicable.

Las condiciones deben mantenerse durante todo el régimen y los cambios de titularidad, control o explotación se comunican en un mes. Si el Ministerio declara, previa audiencia, que se ha perdido alguna condición, se aplica el régimen general a los tres meses.

¿Qué otros cambios procedimentales e institucionales incorpora el Nuevo Borrador?

• Pérdida de permisos (art. 11): el procedimiento lo inicia, a instancia del gestor de red, la persona titular del órgano superior de la Administración General del Estado con competencias en política energética, que ya no puede delegarse. La resolución pone fin a la vía administrativa. La pérdida del permiso se comunica ahora al interesado, al gestor, al titular de la red y al MTDFP. Se suprime el trámite de diez días ante el gestor y el titular de la red. Las resoluciones de los artículos 5.6 y 6.6, firmes en vía administrativa, habilitan al gestor y al titular de la red para acordar la pérdida de los permisos de acceso y de conexión, respectivamente.
• Conflictos de acceso (art. 13): La CNMC no revisa la valoración de fondo realizada conforme al artículo 5. Solo comprueba que existe la resolución de pérdida del permiso y que el centro de datos es el afectado. Antes examinaba "la concurrencia de los presupuestos formales".
• Actualización de parámetros (DF 4ª, antes DA 3ª): la cuota renovable, el PUE/WUE, la cobertura, la adicionalidad y la correlación temporal se actualizan por orden del MITECO, previo acuerdo de la Comisión Delegada, y no ya por resolución de las direcciones generales.
• Seguimiento y evaluación (nueva DA 5ª): la CNMC publicará informes semestrales. Cada dos años se hará una evaluación conjunta, que podrá proponer la revisión de umbrales y parámetros.
• Concursos de capacidad (DF 1ª): los criterios de resiliencia y soberanía digital pasan a ser opcionales. Se podrán valorar compromisos voluntarios: datos en la UE, capacidad reservada a usuarios de la UE y valor añadido en la Unión.

¿Qué cuestiones siguen abiertas?

Si bien el Nuevo Borrador incorpora avances relevantes, algunas de las principales preocupaciones del sector siguen sin respuesta:

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