Nuevas reglas del juego en el mercado de la vivienda

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    Contexto de la reforma: qué está en vigor y desde cuándo

    Durante 2026, el Gobierno de España ha aprobado varios reales decretos-leyes en materia de vivienda. Este tipo de norma se aplica desde su entrada en vigor, pero queda derogada si el Congreso no la convalida.

    Así ocurrió en el primer cuatrimestre con el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, sobre prórroga de alquileres y límite a la actualización de rentas (el RDL 8/2026), que quedó derogado el 28 de abril de 2026.

    Lo mismo sucedió después con los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, ambos de 29 de septiembre (los RDL 26/2026 y RDL 27/2026). Quedaron derogados el 2 de octubre de 2026 cuando solo llevaban dos días y unas horas en vigor, respectivamente.

    Tras esa votación, el 5 de octubre el Gobierno celebró un Consejo de Ministros extraordinario en el que acordó disolver las Cortes y convocar elecciones. Al día siguiente aprobó dos nuevos reales decretos-leyes que retoman, con algunas modificaciones, el contenido de los derogados: el Real Decreto-ley 29/2026, que sustituye al RDL 26/2026, y el Real Decreto-ley 28/2026, que sustituye al RDL 27/2026.

    Esta nota se centra en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (el RDL 29/2026). Esta norma está en vigor desde el 8 de octubre de 2026, día siguiente al de su publicación. La Diputación Permanente del Congreso, órgano competente mientras las Cortes están disueltas, la convalidó el 12 de noviembre de 2026. Algunas de sus medidas fiscales, sin embargo, se aplicarán más adelante: las relativas al IVA, por ejemplo, serán aplicables a partir del 1 de diciembre de 2026.

    Distinta suerte corrió el otro real decreto-ley aprobado ese mismo día, el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La Diputación Permanente lo votó en la misma sesión, pero no lo convalidó, y quedó derogado. Como su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre de 2026, nunca llegó a aplicarse y por eso no lo analizamos en esta nota.

    Principales medidas introducidas por el RDL 29/2026

    1. Limitación de la actividad especulativa en el mercado de la vivienda

    El artículo 1 del RDL 29/2026 introduce, con carácter temporal, una limitación a determinadas adquisiciones de viviendas a título gratuito o a título oneroso por debajo de su valor de mercado.

    P. ¿En qué consiste exactamente la limitación (art. 1.1 RDL 29/2026)?

    R. Hasta el 31 de diciembre de 2030, determinadas entidades no podrán adquirir viviendas: (i) a título gratuito, ni (ii) a título oneroso por un valor de contraprestación inferior al 70 % de su valor de mercado.

    Dicho de otro modo: la operación solo es posible si el precio pagado es igual o superior al 70 % de dicho valor.

    El RDL 29/2026 no aclara si el 70 % se mide vivienda a vivienda o sobre el conjunto de la operación, ni cómo debe repartirse un precio global. No obstante, al referirse a la adquisición de "una vivienda" consideramos más prudente acogerse a una medición individual.

    P. ¿Qué activos quedan afectados?

    R. La limitación alcanza tanto a las viviendas en estado de uso como a las viviendas de edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan del certificado de fin de obra. Por tanto, quedan incluidas también las promociones recién terminadas, aunque aún no se hayan ocupado. Se excluyen, en cambio, los suelos y las viviendas en construcción sin certificado final de obra.

    En nuestra opinión, la referencia a la cédula de habitabilidad debe entenderse hecha al título habilitante que corresponda en cada comunidad autónoma (cédula, licencia o declaración responsable de primera ocupación, etc.).

    ¿Qué ocurre si, en lugar de las viviendas, se adquieren las acciones o participaciones de las sociedades propietarias? El artículo 1 no menciona la compra de acciones o participaciones. Aun así, por la finalidad de la norma, no puede descartarse que se defienda una interpretación extensiva.

    La limitación solo afecta a la adquisición de viviendas. La compra de créditos hipotecarios no se ve afectada. No obstante, los inversores en carteras de crédito que sean entidades afectadas sí tienen limitada, al menos de momento, la adquisición o adjudicación de viviendas en subasta o ejecución hipotecaria por debajo del umbral del 70% (ver más abajo la pregunta ¿Afecta a las adjudicaciones en ejecuciones judiciales e hipotecarias (art. 1.4 RDL 29/2026)?).

    P. ¿Qué entidades quedan afectadas?

    R. Quedan afectadas:

    (a) Las entidades, con o sin personalidad jurídica, dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado.

    Entendemos que el requisito del precio "claramente inferior" se aplica tanto a inmuebles como a carteras.

    No obstante, ¿qué significa que una entidad esté "dedicada" a comprar con descuento? ¿debe esa actividad figurar en su objeto social? ¿tiene que ser su actividad principal?

    (b) Las personas jurídicas que sean gran tenedor conforme a la legislación estatal de vivienda. Estas son las titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de más de 1.500 m² construidos de uso residencial, sin contar garajes ni trasteros. Cada unidad residencial de un edificio cuenta como un inmueble, aunque no exista división horizontal inscrita.

    A nuestro juicio, para que estas personas jurídicas queden afectadas no hace falta que se dediquen a la actividad inmobiliaria ni que adquieran habitualmente con descuento.

    Más dudas suscita si deben considerarse grandes tenedores los titulares de cinco o más inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado. Este umbral no procede de la legislación autonómica. Lo prevé el propio artículo 3.k) de la Ley 12/2023 de Vivienda, que es legislación estatal, aunque su aplicación depende de que la comunidad autónoma lo active de forma motivada al declarar la zona tensionada. Hay, por tanto, argumentos para entender que la remisión a la "legislación estatal" también comprende este umbral reducido en las zonas en que se haya activado.

    (c) Las entidades de su mismo grupo o que actúen por su cuenta.

    Literalmente, en el artículo 1 la referencia al grupo se coloca a continuación de los grandes tenedores ("así como las personas jurídicas que ostenten la condición de gran tenedor […] o las entidades integradas en su mismo grupo o que actúen por su cuenta"). Esto apunta a que solo quedarían afectadas las entidades del grupo de los grandes tenedores, y no las del grupo de las entidades dedicadas a la adquisición con descuento. No obstante, parece clara la intención del legislador de que queden afectados ambos supuestos.

    La adquisición de viviendas con descuento por personas físicas no queda limitada por el artículo 1.

    P. ¿Cómo se determina el valor de mercado y qué se entiende por contraprestación?

    R. El valor de mercado se determina a la fecha del acuerdo vinculante por una sociedad de tasación homologada, inscrita en el Banco de España e independiente de las partes. El informe de tasación debe aportarlo el comprador.

    Consideramos que el comprador que aporta el informe de tasación asume también su coste.

    El valor se fija a la fecha del "acuerdo vinculante". La norma no define ese concepto, no dice cuánto tiempo vale la tasación, ni qué ocurre si el valor cambia antes de la escritura.

    El artículo 1.1 del RDL 29/2026 establece las reglas para determinar la contraprestación total efectiva. Se entiende por tal la suma de todas las cantidades, deudas asumidas, prestaciones accesorias y ventajas patrimoniales satisfechas o comprometidas por el adquirente, o por personas vinculadas a este, como consecuencia directa o indirecta de la transmisión.

    P. ¿Hay excepciones (art. 1.2 RDL 29/2026)?

    R. Sí. La limitación no se aplica a las adquisiciones:

    (a) para su destino a vivienda habitual a precio asequible o social hasta al menos el 31 de diciembre de 2030;

    El artículo 9 del RDL 29/2026, que modifica la Ley 11/2009, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, define las "viviendas destinadas al alquiler a precio asequible" a efectos del gravamen especial del régimen SOCIMI en el Impuesto sobre Sociedades. Según ese artículo, lo son las que tengan la consideración de vivienda asequible y las que tengan la consideración de vivienda protegida conforme al artículo 3 de la Ley 12/2023 de Vivienda, tanto en la modalidad de vivienda social como de vivienda de precio limitado. A su vez, el artículo 14 del RDL 29/2026 define la "vivienda asequible" como aquella cuyo precio de venta o alquiler, incluidos los gastos asociados, no supere el 30 % de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en que se ubique.

    No está claro que la definición del artículo 9 del RDL 29/2026 sea aplicable a efectos del artículo 1.2 que ahora analizamos. Si lo fuera, la referencia a la vivienda "social" resultaría redundante, porque ya estaría subsumida en la de vivienda asequible. En cualquier caso, quedaría abierta la duda de si para aplicar la excepción hay que cumplir ese requisito reforzado del umbral del 30% o si bastan las categorías de la Ley 12/2023 de Vivienda (vivienda asequible incentivada, vivienda social y vivienda de precio limitado).

    (b) para su destino a residencias sociosanitarias;

    (c) para su destino a residencia de personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables adquiridas por entidades del tercer sector de acción social;

    (d) para su destino a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto de atención como residencial y en cualquiera de sus modalidades; o

    (e) cuando el comprador acredite su adhesión y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas que está aún pendiente de aprobación mediante Acuerdo de Consejo de ministros (el Código). Esta condición se entiende cumplida por entes públicos territoriales, organismos públicos y sociedades del sector público cuya finalidad sea la promoción y gestión de vivienda social y asequible con carácter permanente.

    P. ¿Afecta a las adjudicaciones en ejecuciones judiciales e hipotecarias (art. 1.4 RDL 29/2026)?

    R. De momento sí.

    El artículo 1.4 del RDL 29/2026 prevé que la limitación no se aplique a las adquisiciones de propiedad que deriven de procedimientos de ejecución tramitados ante órganos jurisdiccionales o procedimientos de ejecución hipotecaria.

    No obstante, impone como condición que la entidad que inste la ejecución acredite la adhesión y cumplimiento del Código al que hemos hecho referencia en la pregunta anterior. Por tanto, mientras el Código no se apruebe y entre en vigor, las entidades afectadas no podrán adjudicarse en ejecución viviendas por menos del 70 % de su valor de mercado. Una vez que el Código esté aprobado, tendrán que adherirse al Código y dar cumplimiento a sus disposiciones si quieren acogerse a la excepción, que les permitiría adjudicarse la vivienda por un importe inferior al 70% de su valor de mercado.

    Cuando la excepción empiece a aplicarse surgirán dudas sobre su ámbito objetivo (por ejemplo, si alcanza a las daciones en pago) y subjetivo (por ejemplo, qué ocurre si quien insta la ejecución no es quien se adjudica la vivienda)

    P. ¿Aplica alguna regla especial para las entidades que adquieran viviendas con descuento amparadas en la adhesión al Código o en la excepción aplicable a las adjudicaciones derivadas de ejecuciones judiciales o hipotecarias (art. 1.5 RDL 29/2026)?

    R. Sí. Cuando una entidad afectada se acoja a su adhesión al Código para adquirir o adjudicarse un activo con descuento que constituya la vivienda habitual de una persona vulnerable sin alternativa habitacional, cualquier lanzamiento que afecte a esa vivienda quedará suspendido hasta el 31 de diciembre de 2030.

    La suspensión se aplica tanto a las compras (art. 1.1 RDL 29/2026) como a las adjudicaciones en ejecución (art. 1.4 RDL 29/2026) y tiene un ámbito parcialmente coincidente con las suspensiones de desahucios del artículo 2, que analizaremos en la siguiente sección (Suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 y nuevo régimen extraordinario de enervación).

    En las adjudicaciones, el artículo 1.5 del RDL 29/2026 protege al ocupante vulnerable del lanzamiento del deudor cuando el adjudicatario solicita la posesión del inmueble en la propia ejecución hipotecaria (supuesto que no es propiamente un desahucio y que, por tanto, podría no quedar comprendido en las suspensiones del artículo 2 que analizamos en la siguiente sección). Hay, sin embargo, otros supuestos, como el de la adquisición o adjudicación a un gran tenedor persona jurídica de un inmueble arrendado, en que la suspensión del artículo 1.5 puede solaparse con las del art. 2.

    P. ¿Qué ocurre con las operaciones que ya estaban firmadas (art. 1.3 RDL 29/2026)?

    R. El régimen transitorio respeta las transmisiones ya formalizadas en escritura pública antes de la entrada en vigor (8 de octubre de 2026), aunque estén pendientes de inscripción. Sin embargo, esas escrituras no podrán modificarse ni ampliarse mediante adenda después.

    Los contratos privados, las arras o los acuerdos marco aún no elevados a público quedan, en principio, sujetos a la nueva limitación.

    2. Suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 y nuevo régimen extraordinario de enervación

    El RDL 29/2026 establece dos regímenes de suspensión de los procedimientos de desahucio (a los que nos referiremos como régimen reforzado y ordinario), ambos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2030, y crea, mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), un mecanismo de enervación extraordinaria estructural con vocación de permanencia.

    2.1 Los dos regímenes de suspensión de desahucios (art. 2 RDL 29/2026)

    El artículo 2 del RDL 29/2026 no delimita expresamente los procedimientos a los que se aplica: sus apartados 1 y 2 se refieren genéricamente a "los procesos". La única pauta interpretativa la ofrece la disposición transitoria segunda, que extiende el nuevo régimen a la ejecución de las resoluciones dictadas en los procedimientos del artículo 441.5 de la LEC, el cual remite, a su vez, a los ordinales 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la LEC. Ello sugiere que el ámbito natural de la medida son esos procedimientos de recuperación de la posesión de la vivienda, y no la ejecución hipotecaria. Además, la ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual ya cuenta con su propio régimen: el artículo 1 de la Ley 1/2013 suspende hasta el 15 de mayo de 2028 el lanzamiento de los deudores especialmente vulnerables.

    Queda abierta, sin embargo, la duda de si el artículo 2 del RDL 29/2026 permite suspender todos los juicios verbales de los ordinales 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la LEC (incluidos el precario y la tutela sumaria de la posesión frente a ocupantes sin título) o solo los arrendaticios. El artículo 2.2 apunta en este segundo sentido, pues calcula la compensación sobre la "renta contractual dejada de percibir", lo que sugiere que el legislador pensaba principalmente en desahucios derivados de arrendamientos.

    Tampoco precisa el artículo 2 del RDL 29/2026 si la vivienda objeto del procedimiento debe constituir la vivienda habitual del demandado, a diferencia de otras normas de protección que sí lo exigen expresamente, como el propio artículo 1.5 del RDL 29/2026 o el artículo 1 de la Ley 1/2013. No obstante, la exigencia de que el demandado carezca de "alternativa habitacional" sugiere que la medida está pensada para proteger la vivienda en la que efectivamente se reside.

    P. ¿Qué requisitos comunes tienen ambos regímenes y qué es lo que los diferencia?

    R. En ambos casos, la suspensión pretende beneficiar a personas demandadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad (ya sea certificado a partir de informe de los servicios sociales o conforme a los criterios del artículo 441.7 de la LEC) y que carezcan de alternativa habitacional.

    El artículo 441.7 de la LEC ofrece al juez dos criterios orientativos para apreciar si existe una situación de vulnerabilidad:

    1.- Vulnerabilidad económica: el juez puede apreciarla cuando la renta y los suministros (luz, gas, agua y telecomunicaciones) superan el 30 % de los ingresos de la unidad familiar y, además, esos ingresos no alcanzan tres veces el IPREM. Este límite se incrementa por cada hijo a cargo, mayor de 65 años o persona dependiente, y asciende a cinco veces el IPREM si algún miembro tiene discapacidad, dependencia o incapacidad permanente para trabajar.

    2.- Vulnerabilidad social: el juez puede apreciarla cuando en la vivienda residen personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad.

    Ahora bien, el tenor literal del artículo 2 del RDL 29/2026, que se refiere a la vulnerabilidad "certificad[a] a partir de informe de los servicios sociales, o […] por aplicación de los criterios del 441.7", sugiere que el informe de servicios sociales es una vía independiente de la del artículo 441.7 de la LEC. Si es así, los servicios sociales podrían considerar vulnerable a quien no cumple los umbrales del artículo 441.7, atendiendo a otras circunstancias.

    Además, la propia definición del artículo 441.7 de la LEC plantea dudas: por ejemplo, si la vulnerabilidad social basta por sí sola, sin ningún límite de ingresos, o qué debe entenderse por "unidad familiar".

    Sin embargo, las consecuencias de la suspensión son diferentes en función de las características subjetivas del demandante. Si el demandante es un profesional inmobiliario, tal y como se describe en el artículo 2.1 del RDL 29/2026, se aplica la suspensión reforzada; si es cualquier otro demandante, se aplica la suspensión ordinaria del artículo 2.2 del RDL 29/2026.

    P. ¿Quedan protegidas situaciones en las que ya se ha terminado el procedimiento o acordado el lanzamiento?

    R. Sí. Ambos regímenes de suspensión operan incluso si existe sentencia, decreto o auto poniendo fin al procedimiento o acordando el lanzamiento, siempre que este último no se hubiera ejecutado efectivamente.

    P. ¿Hasta cuándo estarán en vigor estos regímenes de suspensión?

    R. El RDL 29/2026 establece que estos regímenes son temporales y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2030.

    P. ¿Cómo es el régimen de suspensión reforzado (2.1 RDL 29/2026)?

    R. En el régimen reforzado, cuando el demandante sea un profesional inmobiliario según la definición del art. 2.1 RDL 29/2026, que tratamos en la siguiente pregunta, y el demandado una persona vulnerable sin alternativa habitacional, el tribunal suspenderá el procedimiento mediante auto. La suspensión procede aunque el proceso ya hubiera estado suspendido conforme al art. 441.5 LEC.

    La norma no precisa hasta cuándo dura la suspensión. El 31 de diciembre de 2030 marca la vigencia del régimen (la suspensión puede acordarse "desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2030"), pero no se dice expresamente que esa sea también la fecha en que se alzan las suspensiones ya acordadas. Entendemos que esa es la interpretación más razonable, dado el carácter temporal de la medida, pero el texto deja margen a la duda.

    Por otro lado, el artículo 2.1 del RDL 29/2026 no prevé la revisión periódica de la suspensión, a diferencia del artículo 2.2.

    La suspensión reforzada no genera derecho de compensación para el demandante, ni obliga a la Administración a la enervación extraordinaria (ver La enervación extraordinaria (art. 5.Dos RDL 29/2026, nuevo art. 22.6 LEC)).

    P. ¿Quién considera la norma como profesionales inmobiliarios a efectos de aplicación de este régimen de suspensión reforzado?

    R. El artículo 2.1 del RDL 29/2026 define como sujetos afectados por la suspensión reforzada a las entidades, con o sin personalidad jurídica, dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado. Además, la adquisición debe tener como finalidad, en ambos casos: (i) eludir los mecanismos que garantizan la función social de la vivienda; o (ii) maximizar la rentabilidad de la inversión mediante rentas de alquiler o precios de reventa desproporcionados, o destinando los inmuebles a usos no residenciales.

    La definición se construye sobre conceptos jurídicos indeterminados, como un precio "claramente inferior" o rentas y precios "desproporcionados", y sobre elementos intencionales cuya acreditación en el proceso no será sencilla. Esto obligará a valorar caso por caso y genera una notable inseguridad jurídica sobre qué operadores quedarán finalmente sujetos al régimen reforzado.

    Además, el elemento intencional no aparece en la referencia del artículo 1.1 a las entidades dedicadas a adquirir con descuento (y que limita la compra de viviendas por debajo del 70 % de su valor de mercado). Esto sugiere que el concepto del artículo 2.1 es más restringido que el del artículo 1.1, de modo que estar sujeto a la limitación de compra no implica, por sí solo, quedar sujeto a la suspensión reforzada.

    La norma excluye expresamente de esta definición a los entes públicos territoriales, así como a los demás organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles del sector público cuya finalidad sea la promoción y gestión de vivienda social y asequible.

    P. ¿Cómo es el régimen de suspensión ordinario (art. 2.2 RDL 29/2026)?

    R. Si el demandante no es profesional inmobiliario conforme al artículo 2.1 del RDL 29/2026 y el demandado es vulnerable, el tribunal valorará si la Administración competente le ha ofrecido una alternativa habitacional digna y adecuada. Si no lo ha hecho, el tribunal le pedirá a la Administración un informe sobre los recursos de que dispone por el cauce designado por la legislación autonómica. Si no responde o no tiene recursos, el tribunal suspenderá el procedimiento hasta que se adopten las medidas y se garantice una alternativa habitacional.

    A diferencia de la suspensión del artículo 2.1 del RDL 29/2026, esta se revisará cada doce meses y se alzará:

    (a) si cesa la vulnerabilidad del demandado;

    (b) si se pone a su disposición una alternativa habitacional adecuada y efectiva o si el demandado la rechaza sin causa justificada (previa audiencia de las partes); o

    (c) a los tres años de acordarse.

    Entendemos que, en todo caso, esta suspensión no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2030, fecha en que finaliza la vigencia del régimen, aunque la norma no lo establece expresamente.

    P. ¿Tiene el demandante derecho a ser compensado?

    R. Solo si es una persona física o una persona jurídica que se dedique al alquiler habitual asequible o social.

    Respecto de las personas jurídicas, se plantea una duda similar a la que señalábamos al analizar las excepciones del artículo 1.2: la norma no precisa qué debe entenderse por alquiler "asequible". En este caso, el artículo 2.2 no usa la expresión "a precio asequible" que conecta con la definición del artículo 9. Por eso parece que el referente más inmediato sería la definición de vivienda asequible del artículo 14 (precio que no supere el 30 % de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio), aunque el artículo 2.2 tampoco se remite expresamente a ella y podría defenderse la aplicación de las definiciones de la Ley 12/2023 de Vivienda o incluso las que resulten aplicables a nivel autonómico. Tampoco aclara la norma si la persona jurídica debe dedicarse al alquiler asequible o social de forma exclusiva o principal, ni si la vivienda objeto del procedimiento debe estar destinada a ese uso.

    La compensación corre a cargo de la Administración competente en materia de vivienda y será acordada por el tribunal en el mismo auto que acuerde la suspensión del procedimiento.

    La compensación comprenderá, como máximo, la renta contractual dejada de percibir, así como los costes de suministros impagados y las costas procesales a favor del demandante. No cubre el lucro cesante hipotético ni los daños morales, pero sí se aplicarán intereses de demora si la Administración se retrasa en los pagos.

    La suspensión o la compensación no eximen al demandado de su obligación de seguir pagando la renta debida.

    P. ¿Puede no resultar de aplicación la suspensión si el demandante es una persona física?

    R. Sí, en caso de (i) demandantes vulnerables o (ii) demandantes con dos o menos viviendas:

    (a) Demandantes vulnerables: el tribunal puede denegar la suspensión si, atendidas las circunstancias concurrentes, aprecia que debe prevalecer la situación de vulnerabilidad económica o habitacional del demandante. Esta ponderación no está disponible cuando el demandante sea una persona jurídica o una persona física que tenga la condición de gran tenedor, cuya eventual vulnerabilidad no se tiene en cuenta.

    El RDL 29/2026 no define qué debe entenderse por vulnerabilidad "económica o habitacional" del demandante. Para la vulnerabilidad económica, cabe acudir por analogía a los criterios del artículo 441.7 de la LEC, cuyo primer párrafo ya obliga al juez a valorar "las situaciones de vulnerabilidad que pudieran concurrir también en la parte actora", aunque sus umbrales están pensados para la unidad familiar del ocupante. Hemos hablado en más detalle del artículo 441.7 de la LEC en la pregunta anterior sobre los requisitos comunes a los dos regímenes de suspensión. Para la vulnerabilidad habitacional, en cambio, no existe parámetro legal alguno. No está claro si basta con que el propietario necesite la vivienda para sí o para un familiar, o si debe carecer de otra vivienda disponible. La ponderación queda así, en la práctica, a la discrecionalidad del tribunal.

    (b) Pequeños propietarios: no procede la suspensión por la vulnerabilidad económica del demandado cuando el demandante sea una persona física titular de dos o menos viviendas.

    En este segundo caso, la literalidad de la norma no exige que el pequeño propietario acredite su propia vulnerabilidad.

    Por otro lado, la norma solo excluye la vulnerabilidad económica del demandado, por lo que cabe sostener que su vulnerabilidad social (por ejemplo, la presencia en la vivienda de menores, personas dependientes o víctimas de violencia sobre la mujer) sí podría justificar la suspensión también frente al pequeño propietario. De ser así, la protección de estos propietarios sería más limitada de lo que parece a primera vista.

    2.2 La enervación extraordinaria (art. 5.Dos RDL 29/2026, nuevo art. 22.6 LEC)

    P. ¿Qué es la enervación extraordinaria?

    R. Es un mecanismo permanente: se incorpora a la LEC, por lo que no está sujeto a la vigencia temporal de los regímenes de suspensión del artículo 2 del RDL 29/2026 y se mantiene más allá de 2030. Si el arrendatario demandado es económicamente vulnerable y la Administración competente no le ofrece una alternativa habitacional adecuada, esta queda obligada a pagar o consignar las cantidades reclamadas. Si no lo hace en plazo, queda subrogada en la posición deudora del arrendatario.

    Se aplica en los desahucios por falta de pago de rentas o cantidades debidas (art. 250.1.1.º LEC), cuando el arrendatario acredite vulnerabilidad económica en los términos legales, salvo que el demandante sea uno de los profesionales inmobiliarios del artículo 2.1 del RDL 29/2026.

    La norma no precisa cuáles son esos "términos legalmente previstos" para la acreditación de la vulnerabilidad. A diferencia del artículo 2 del RDL 29/2026, no menciona el informe de servicios sociales ni la vulnerabilidad social. Si se entiende que la remisión es a los criterios económicos del artículo 441.7 de la LEC, el arrendatario que solo sea socialmente vulnerable no podría acogerse a la enervación, pero sí, en principio, a la suspensión ordinaria del artículo 2.2.

    El procedimiento es el siguiente:

    (a) Acreditada la vulnerabilidad, se comunica de inmediato a la Administración competente, que tiene un plazo improrrogable de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar o consignar judicialmente todas las cantidades reclamadas y devengadas hasta ese momento, además de las costas. Mientras tanto, se suspenden el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento. Si se retrasa en el pago acordado por el tribunal, se devengan intereses.

    (b) Transcurrido el plazo, caben tres escenarios:

    (i) Si la Administración ofrece una alternativa habitacional adecuada, no está obligada a enervar.

    En este supuesto, entendemos que el procedimiento de desahucio continúa su curso.

    (ii) Si la Administración paga o consigna dentro de plazo, la acción queda enervada. El procedimiento termina y el contrato sigue vigente.

    En este supuesto, entendemos que es el arrendatario el que sigue obligado al pago de la renta que se devengue a futuro.

    (iii) Si la Administración no ofrece alternativa ni paga, queda subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario. No hay lanzamiento y el contrato sigue vigente hasta su expiración, mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad económica del arrendatario.

    Entendemos que la subrogación libera al arrendatario: la Administración ocupa su lugar como deudora de las cantidades reclamadas y de la renta que se devengue mientras persista la vulnerabilidad. El artículo 2.2 del RDL 29/2026 mantiene expresamente la obligación del arrendatario de seguir al corriente de la renta; el nuevo artículo 22.6 de la LEC no incluye esa salvedad. La norma tampoco permite a la Administración repercutir al arrendatario lo pagado. Aun así, cabe defender una lectura cumulativa, en la que el arrendatario sigue obligado frente al arrendador junto con la Administración.

    La norma no resuelve qué ocurre si la Administración subrogada tampoco paga la renta. El arrendador no puede instar el lanzamiento y carece de una vía específica para reclamar.

    Tampoco aclara si la subrogación cubre las prórrogas del contrato o termina en su "expiración" inicial.

    El Estado compensará a las Comunidades Autónomas por estos gastos, salvo los intereses de demora. En el País Vasco y Navarra, la financiación se acuerda bilateralmente según sus regímenes económicos propios.

    P. ¿Cómo se coordina esta enervación extraordinaria y el derecho de enervación del arrendatario del art. 22.4 LEC?

    R. El artículo 22.4 de la LEC permite al arrendatario enervar una sola vez el desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas. Para ello debe pagar al arrendador o consignar judicialmente todas las cantidades reclamadas y devengadas hasta ese momento. No puede hacerlo si el arrendador le requirió el pago de forma fehaciente al menos treinta días antes de presentar la demanda y, al presentarse esta, seguía sin pagar.

    La nueva enervación extraordinaria estructural del artículo 22.6 de la LEC funciona con independencia de ese derecho:

    (a) No cuenta como enervación anterior a efectos del artículo 22.4 de la LEC. Por tanto, el arrendatario puede usar después, en su caso, la enervación ordinaria.

    (b) Procede aunque el arrendador haya hecho el requerimiento fehaciente de pago del artículo 22.4 de la LEC antes de presentar la demanda.

    P. ¿Cómo se coordinan la enervación extraordinaria del artículo 22.6 de la LEC y los regímenes extraordinarios de suspensión del artículo 2 del RDL 29/2026?

    R. Los dos mecanismos no se aplican a la vez. La norma establece un orden de preferencia según quién sea el demandante.

    (a) Si el demandante es uno de los "profesionales inmobiliarios" del artículo 2.1 del RDL 29/2026, se aplica la suspensión reforzada. La Administración no está obligada a enervar en ningún caso, porque el artículo 22.6 de la LEC excluye expresamente este supuesto.

    (b) Si se trata de cualquier otro demandante, hay que distinguir según el procedimiento:

    (i) En los desahucios por falta de pago de rentas o cantidades debidas (artículo 250.1.1.º de la LEC), se aplica primero la enervación extraordinaria del artículo 22.6 de la LEC. La suspensión ordinaria del artículo 2.2 del RDL 29/2026 solo entra en juego cuando no procede la enervación.

    (ii) En los demás procedimientos incluidos en el ámbito del artículo 2.2 del RDL 29/2026 (en los que, al no existir rentas impagadas, la enervación no tiene cabida), se aplica directamente la suspensión ordinaria.

    P. ¿Se aplica a los procedimientos que ya están en marcha (DT 2 RDL 29/2026)?

    R. Sí. Se aplica a las ejecuciones de resoluciones dictadas en los procedimientos del artículo 441.5 de la LEC que estuvieran en curso a la entrada en vigor del RDL 29/2026 (8 de octubre de 2026), siempre que no se haya practicado el lanzamiento. Antes de continuar el proceso, cualquiera que sea la fase en que se encuentre, deberá darse cumplimiento a la nueva obligación de enervación extraordinaria.

    3. Medidas temporales y extraordinarias en los arrendamientos de vivienda

    Las disposiciones finales quinta y sexta del RDL 29/2026 recogen dos medidas temporales y extraordinarias que favorecen a los arrendatarios y que se aplican a contratos ya en vigor: (i) un límite extraordinario a la actualización de las rentas y (ii) una prórroga extraordinaria de hasta dos años.

    3.1 Límite extraordinario a la actualización de la renta (DF 6 RDL 29/2026)

    P. ¿Qué contratos de arrendamiento se ven afectados?

    R. Los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) cuya renta deba actualizarse porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia entre la entrada en vigor del RDL 29/2026 (el 8 de octubre de 2026) y el 31 de diciembre de 2027. Recordemos que para que proceda actualización de la renta es necesario, en cualquier caso, que el contrato contenga un pacto expreso de actualización de la renta (art. 18.1 LAU).

    En nuestra opinión, el límite no alcanza a los contratos de vivienda celebrados antes del 1 de enero de 1995, cuya renta se actualiza conforme a las reglas propias de las disposiciones transitorias de la LAU. La Disposición Final Sexta se refiere únicamente a contratos "sujetos" a la LAU, y cuando el RDL 29/2026 ha querido extender los límites de actualización a contratos anteriores (Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 12/2023 de Vivienda), lo ha hecho solo respecto de los contratos sometidos a la LAU de 1994. No obstante, no puede descartarse una interpretación más amplia.

    P. ¿Qué actualización es admisible en estos casos?

    R. Depende de la renta vigente del contrato.

    (a) Si la renta es superior al límite máximo del precio aplicable conforme al Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), no cabe aplicar incremento alguno. El SERPAVI se calcula conforme a la metodología y los criterios establecidos por resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y puede consultarse en su página web (https://www.mivau.gob.es/vivienda/alquila-bien-es-tu-derecho/serpavi). La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (Ley de Vivienda), lo utiliza como tope de la renta de determinados nuevos contratos en zonas de mercado residencial tensionado (art. 17.7 LAU).

    (b) En los demás casos, el incremento será el que resulte de un nuevo pacto entre las partes y, en defecto de pacto, no podrá ser superior al 2 %.

    La Disposición Final Sexta no limita la regla de la letra (a) a las zonas de mercado residencial tensionado, por lo que su tenor literal permite aplicarla en todo el territorio. Sin embargo, reproduce la expresión del artículo 17.7 de la LAU ("límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia"), que solo opera en zonas tensionadas declaradas, y fuera de ellas el propio Ministerio atribuye al índice carácter orientativo. No es descartable, por tanto, que se sostenga que la regla de la letra (a) solo se aplica en dichas zonas y que, fuera de ellas, rige la letra (b) (nuevo pacto o, en su defecto, un máximo del 2 %).

    El SERPAVI solo ofrece valores para viviendas situadas en edificios de tipología residencial colectiva, de más de cinco años de antigüedad y con una superficie construida de entre 30 y 150 m². Cuando no existe índice, la renta no puede superarlo y se aplica la letra (b).

    P. ¿Qué pasa a partir de 2028?

    R. Las actualizaciones que se produzcan a partir del 1 de enero de 2028 dejan de estar sujetas a esta limitación extraordinaria. Desde esa fecha se aplica el régimen general del art. 18.1 de la LAU:

    (a) Si no hay pacto expreso, la renta no se actualiza.

    (b) Si hay pacto pero no se concreta el índice o la metodología, la renta se actualiza conforme a la variación anual del Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda (IRAV).

    En todo caso, la actualización anual no puede superar la variación del IRAV.

    El IRAV es el índice que la Ley de Vivienda incorporó a la LAU como límite de las actualizaciones (disposición adicional undécima de la LAU), en sustitución de la referencia al IPC.

    Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda también quedan sujetos a ese límite máximo, de acuerdo con la DT 4 de la Ley de Vivienda en la redacción dada por el RDL 29/2026.

    3.2 Prórroga extraordinaria de los contratos vigentes (DF 5 RDL 29/2026)

    P. ¿Qué contratos pueden prorrogarse?

    R. Los contratos de vivienda habitual sujetos a la LAU que estén vigentes en la fecha de entrada en vigor del RDL 29/2026 (el 8 de octubre de 2026) y en los que finalice: (i) la prórroga obligatoria del artículo 9.1 de la LAU antes del 31 de diciembre de 2028; (ii) la prórroga prevista en los artículos 10.1 y 10.2 de la LAU (prórroga tácita y prórroga por vulnerabilidad); o (iii) en su caso, el periodo de tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil. Además, es imprescindible que el arrendatario esté al corriente del pago de la renta y lo haya estado durante los ocho meses anteriores.

    Aunque la Disposición Final Quinta solo vincula expresamente la fecha del 31 de diciembre de 2028 a la finalización de la prórroga obligatoria, existen argumentos sólidos para entender que se aplica también a la finalización de la prórroga tácita, de la prórroga por vulnerabilidad y de la tácita reconducción. Se trata de una medida temporal y excepcional, que debe interpretarse restrictivamente, y carecería de sentido que no tuviera límite temporal en estos supuestos. No obstante, el tenor literal permite sostener la interpretación contraria.

    En nuestra opinión, la prórroga no alcanza a los contratos pactados por un plazo igual o superior al mínimo legal (p. ej., 10 años) que se extinguen por su vencimiento tras la comunicación de no renovación del arrendador. Estos contratos no terminan por la finalización de ninguno de los periodos que enumera la Disposición Final Quinta, y una medida excepcional no debe extenderse a supuestos no previstos expresamente.

    Es necesario que el arrendatario solicite la prórroga (no opera automáticamente).

    Consideramos que el arrendatario no puede solicitar la prórroga en cualquier momento. El derecho solo nace al finalizar alguno de los periodos que enumera la Disposición Final Quinta, como confirman el requisito de los ocho meses al corriente de pago y las excepciones a favor del arrendador que veremos en la siguiente pregunta y que presuponen una extinción próxima.

    P. ¿Puede negarse el propietario a aceptar la prórroga?

    R. La prórroga es de aceptación obligatoria para el arrendador, salvo en los siguientes casos:

    (a) si las partes han fijado otros términos o condiciones de mutuo acuerdo;

    (b) si las partes han suscrito un nuevo contrato de arrendamiento;

    (c) si el arrendador ha comunicado, en los plazos y condiciones del artículo 9.3 LAU, su necesidad de ocupar la vivienda para sí o para sus familiares. Esta excepción se aplica aunque el contrato no prevea expresamente la facultad de recuperar la vivienda por necesidad, siempre que concurra una causa real y acreditada.

    Además, la prórroga no procede si arrendador y arrendatario acuerdan renovar el contrato, o celebrar uno nuevo, con una renta inferior en al menos un 5 % a la del contrato vigente.

    Existen argumentos para sostener que el nuevo contrato excluye la prórroga aunque no reduzca la renta un 5 %. El apartado 1 de la Disposición Final Quinta lo prevé sin condición de renta, mientras que el apartado 2 añade la "renovación" del contrato vigente, que sin esa exclusión seguiría sujeto a la prórroga. No obstante, dado que el apartado 2 menciona también el nuevo contrato, existe el riesgo de que la reducción se considere exigible en todo caso.

    Finalmente, esta prórroga extraordinaria es incompatible con la prórroga extraordinaria del artículo 10.3 de la LAU para inmuebles ubicados en zonas de mercado residencial tensionado (por plazos anuales, hasta un máximo de tres años), que se aplica con carácter preferente cuando proceda. Esta última exige que el inmueble esté en una zona declarada tensionada y dentro del periodo de vigencia de la declaración.

    La Disposición Final Quinta solo regula su relación con la prórroga del artículo 10.3 de la LAU, lo que plantea dudas sobre su compatibilidad con otras prórrogas:

    (i) Prórroga por vulnerabilidad (art. 10.2 LAU). Dado que la prórroga extraordinaria procede también al finalizar la del artículo 10.2 de la LAU, su tenor literal parece permitir que el arrendatario encadene ambas prórrogas, hasta un total de tres años adicionales (un año por la prórroga por vulnerabilidad y hasta dos por la extraordinaria derivada de la Disposición Final Quinta). La norma no aclara, sin embargo, si esta acumulación es la pretendida por el legislador, a diferencia de lo que hace con la prórroga del artículo 10.3 de la LAU que declara expresamente incompatible.

    (ii) Solicitudes formuladas al amparo del RDL 8/2026. El RDL 29/2026 las considera válidamente formuladas sin necesidad de nueva comunicación (vid. la Disposición Transitoria Primera), pero la norma no aclara si el periodo de prórroga ya disfrutado en virtud del RDL 8/2026 se computa dentro del máximo de dos años de la Disposición Final Quinta del RDL 29/2026.

    (iii) Solicitudes formuladas al amparo del RDL 26/2026. A diferencia de las formuladas al amparo del RDL 8/2026, el RDL 29/2026 no las mantiene expresamente. Cabe sostener, por tanto, que perdieron su eficacia con la derogación de aquel real decreto-ley y que el arrendatario debe formular una nueva solicitud conforme a la Disposición Final Quinta.

    (iv) Prórroga por zona tensionada (art. 10.3 LAU). En nuestra opinión, la incompatibilidad que establece la Disposición Final Quinta implica que el arrendatario solo puede disfrutar de una de las dos prórrogas, no encadenarlas, de modo que, agotada la prórroga del artículo 10.3 de la LAU, no procedería la de la Disposición Final Quinta.

    P. ¿Por cuánto tiempo pueden prorrogarse estos contratos?

    R. Por plazos anuales hasta un máximo de dos años adicionales.

    Al configurarse la prórroga "por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales", surge la duda de si la segunda anualidad exige una nueva solicitud del arrendatario y si los requisitos deben concurrir de nuevo en ese momento. A nuestro juicio, la referencia a plazos anuales permite sostener que el requisito de estar al corriente de pago debe mantenerse durante toda la prórroga y valorarse también al inicio de la segunda anualidad. En todo caso, el impago durante la prórroga permitiría al arrendador resolver el contrato conforme a las reglas generales de la LAU.

    P. ¿En qué condiciones se produce la prórroga?

    R. Durante la prórroga se mantienen los términos y condiciones del contrato en vigor.

    Consideramos que esos términos incluyen la cláusula de actualización de la renta, con sujeción, en su caso, al límite extraordinario de la Disposición Final Sexta hasta el 31 de diciembre de 2027 y, a partir de entonces, al régimen general del artículo 18.1 de la LAU.

    4. Principales medidas que afectan de manera estructural al mercado de alquiler. La reforma de la LAU

    El artículo 3 del RDL 29/2026 introduce una reforma de amplio calado en la LAU con vocación de permanencia (a diferencia de las medidas de naturaleza temporal señaladas en la sección anterior Medidas temporales y extraordinarias en los arrendamientos de vivienda).

    Aplicación de la reforma de la LAU a contratos vigentes. Salvo para los contratos de temporada (DT 8 LAU), el RDL 29/2026 no incluye una disposición transitoria general, a diferencia de las reformas de 2013, 2018, 2019 y 2023. A nuestro juicio, existen argumentos para sostener que los contratos vigentes siguen rigiéndose por la normativa aplicable al tiempo de su celebración. El propio RDL 29/2026, al dar nueva redacción a la DT 4 de la Ley de Vivienda, reitera que los contratos anteriores a esta conservan, salvo en materia de prórrogas y actualización de la renta, "el régimen jurídico […] vigente en el momento de su celebración", y resultaría difícil de justificar un trato distinto para los celebrados con posterioridad. Además, los pactos válidamente acordados bajo la normativa anterior (como la renuncia al derecho de adquisición preferente, la repercusión de tributos o las garantías adicionales) no deberían quedar privados de eficacia sin una previsión expresa (art. 2.3 CC). No obstante, la falta de una disposición transitoria general genera una incertidumbre relevante, en especial respecto de los hechos posteriores a la entrada en vigor del RDL 29/2026 que se produzcan en contratos vigentes (por ejemplo, la venta de la vivienda o la entrega de la posesión al finalizar el contrato), a los que podría aplicarse la nueva regulación.

    A continuación, analizamos las modificaciones que, a nuestro juicio, tendrán mayor impacto en la gestión de carteras.

    4.1 Alquiler por habitaciones

    P. ¿Qué cambia para los arrendadores? (art. 2.1 y 2.3 LAU)

    R. Hasta ahora, el arrendamiento de habitaciones se consideraba generalmente excluido de la LAU y sujeto al Código Civil, donde prevalece la voluntad de las partes. El RDL 29/2026 incluye ahora expresamente en la LAU el arrendamiento de una habitación o estancia, tanto en la modalidad de vivienda habitual como en la de vivienda temporal a que nos referiremos a continuación. Por tanto, estos contratos quedan sujetos al régimen imperativo de la LAU (el Código Civil solo se aplicará con carácter supletorio).

    Quedan excluidas de la LAU las cesiones de habitaciones o estancias que realicen entidades del tercer sector de acción social, sin finalidad lucrativa, en programas de acogida, inclusión o alojamiento de personas vulnerables y mientras dure el programa.

    En todo caso, la nueva Disposición Adicional 12 de la LAU dispone que esta regulación (y la del arrendamiento de vivienda temporal) se entiende sin perjuicio de las disposiciones que las comunidades autónomas hayan dictado o dicten en ejercicio de sus competencias, que serán de aplicación en su respectivo ámbito territorial. Así lo han hecho Cataluña, mediante Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo (recurrida ante el Tribunal Constitucional) y Navarra, mediante Ley Foral 11/2026, de 2 de julio, reguladora del arrendamiento de habitaciones.

    P. ¿Hay límites a la renta en el arrendamiento de habitaciones (art. 17.9 LAU)?

    R. Sí. La suma de las rentas de los contratos de habitaciones vigentes de forma simultánea sobre una misma vivienda no puede superar la renta del contrato unitario de la vivienda completa. Si la vivienda se ubica en una zona tensionada, la renta del contrato unitario (o, en su defecto, la suma de las rentas de los contratos parciales vigentes de manera simultánea sobre la misma vivienda) debe respetar los límites de renta aplicables. Finalmente, si los arrendamientos de habitaciones son temporales, se les aplica el límite de renta entre contratos temporales sucesivos al que nos referimos a continuación.

    La norma toma como referencia "la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa", pero no aclara qué renta debe considerarse cuando la vivienda nunca se ha arrendado entera, ni cuál, si ha habido varios contratos unitarios, en distintos momentos o con rentas distintas. Fuera de las zonas tensionadas, esta falta de término de comparación permite sostener que el límite no opera. En las zonas tensionadas, la adaptación a las habitaciones de unos límites concebidos para la vivienda completa plantea dificultades prácticas, ya que el SERPAVI no ofrece valores por habitación.

    4.2 Arrendamiento de vivienda temporal

    P. ¿Qué cambia en su regulación (arts. 2.3, 7 y 9.4 LAU)?

    R. El arrendamiento de temporada deja de regirse por las reglas del arrendamiento para uso distinto de vivienda (donde prevalecía la voluntad de las partes). Se crea una nueva categoría de arrendamiento de vivienda "temporal" (no turístico), junto al de vivienda "habitual".

    Se define el arrendamiento de vivienda temporal como aquel que cubre la necesidad de vivienda del arrendatario cuando está temporalmente desplazado de su domicilio habitual por una causa justificada y acreditable.

    P. ¿Qué duración pueden tener (art. 9 bis LAU)?

    R. Como regla general, más de 31 días sin sobrepasar los doce meses. Si la causa subsiste al vencimiento, el contrato puede prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, hasta un máximo de doce meses en total. Solo puede superarse ese plazo si la causa de temporalidad continúa más allá de los doce meses.

    Si la duración excede de doce meses sin justificación en la causa de temporalidad, o se novan o suceden más de dos contratos temporales consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el primero se entiende celebrado como arrendamiento de vivienda habitual desde el inicio, con aplicación íntegra del régimen de plazo mínimo y prórrogas.

    Al igual que en el arrendamiento de habitaciones, esta regulación se entiende sin perjuicio de las normas que las comunidades autónomas hayan dictado o dicten sobre arrendamientos temporales en ejercicio de sus competencias.

    La regulación estatal de los arrendamientos temporales y de habitaciones se entiende sin perjuicio de la normativa autonómica dictada en ejercicio de sus competencias, pero la norma no aclara si esta desplaza por completo a la estatal en su territorio o si la estatal se aplica supletoriamente para cubrir sus lagunas. Esta cuestión deberá analizarse en cada comunidad autónoma, en función del alcance de su normativa y del título competencial en que se ampare.

    Por otro lado, quedan fuera de la LAU las cesiones temporales de uso de todo o parte de una vivienda con finalidad turística sometidas a su normativa sectorial. Su duración máxima la fijan las administraciones competentes en materia turística, y en ningún caso puede superar los 31 días (art. 5 e) LAU).

    P. ¿Es necesario que la causa de temporalidad conste en el contrato?

    R. Sí. Los contratos de arrendamiento de vivienda temporal deberán prever de forma expresa la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario. Dicha causa deberá ser real y acreditable, recayendo sobre el arrendador la carga de la prueba de su existencia. Si la causa no consta debidamente en el contrato, este pierde su naturaleza temporal y se rige por el régimen de vivienda habitual, con efectos retroactivos a su formalización.

    P. ¿Aplica algún límite de renta a estos contratos temporales (arts. 17.6, 17.7 y 17.8 LAU)?

    R. Cuando en una misma vivienda se celebran sucesivamente varios contratos temporales, la renta de los posteriores no puede experimentar un incremento porcentual anual superior al IRAV vigente.

    A diferencia del artículo 9 bis.2 de la LAU, el artículo 17.8 no exige que los contratos se celebren entre las mismas partes, por lo que entendemos que el límite se aplica aunque cambie el arrendatario. Sin embargo, la norma no aclara qué contratos deben considerarse "sucesivos" ni cómo se calcula el incremento "anual" cuando entre un contrato y otro media un periodo sin arrendar. Cabe sostener que el límite solo opera entre contratos consecutivos, sin interrupción relevante, y que el IRAV debe aplicarse en proporción al tiempo transcurrido.

    Más dudas plantea la posibilidad de aplicar los topes de renta de zonas tensionadas en alquileres temporales.

    Los límites de los apartados 6 y 7 del artículo 17 LAU se refieren a los "contratos de arrendamiento de vivienda", categoría que ahora incluye los arrendamientos temporales, y el apartado 9 los declara expresamente aplicables a las habitaciones, sean habituales o temporales. Todo ello apunta a que también se aplican a los arrendamientos temporales en zonas tensionadas, además del límite del apartado 8 entre contratos sucesivos. No obstante, podría defenderse que el apartado 8 establece un régimen específico para los temporales que desplaza a los anteriores.

    P. ¿Hay otras normas específicas para los arrendamientos temporales (arts. 11, 21 bis y 36.5 LAU)?

    R. Sí. El arrendatario de un contrato temporal puede desistir una vez transcurrido un mes desde la formalización del contrato, con solo diez días de preaviso y sin indemnización.

    Por otro lado, la garantía adicional a la fianza no podrá superar una mensualidad de renta.

    Finalmente, en los contratos de arrendamiento temporal de vivienda corresponden al arrendador las pequeñas reparaciones por desgaste ordinario (a diferencia del régimen de arrendamiento de vivienda habitual). Después de que se le comunique la necesidad de una de esas reparaciones, dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles para responder. Si no lo hace, el arrendatario puede llevar a cabo las reparaciones necesarias exigiendo su importe al arrendador o, previa justificación, descontando su importe de la renta del mes siguiente.

    P. ¿Qué ocurre con los arrendamientos de temporada anteriores al RDL 29/2026 (DT 8 LAU)?

    R. Los contratos anteriores al RDL mantienen su régimen como arrendamiento de uso distinto hasta que expire el plazo pactado, momento en el que quedan extinguidos sin posibilidad de prórroga. Si se renuevan, se rigen por el régimen de vivienda temporal.

    4.3 Fin a la libertad de pacto en los alquileres "de lujo"

    P. ¿Pueden seguir rigiéndose por la voluntad de las partes los alquileres de viviendas grandes o de renta elevada?

    R. No. El RDL 29/2026 suprime el segundo párrafo del artículo 4.2 de la LAU, que permitía que los arrendamientos de viviendas de más de 300 m², o con una renta inicial anual superior a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional anual, se rigieran por la voluntad de las partes, siempre que se arrendara la totalidad de la vivienda. Hasta ahora, el título dedicado al arrendamiento de vivienda de la LAU solo se les aplicaba de forma supletoria. Desde el 8 de octubre de 2026, todos los arrendamientos de vivienda, con independencia de su superficie o renta, quedan sujetos al régimen imperativo (plazo mínimo, prórrogas, límites a la actualización y, en su caso, límites de renta en zonas tensionadas, entre otros).

    Los contratos de este tipo celebrados antes del 8 de octubre de 2026 se pactaron al amparo de un régimen de libertad de pactos. A nuestro juicio, existen argumentos sólidos para sostener que conservan su régimen hasta su extinción: el RDL 29/2026 no prevé expresamente su sometimiento al nuevo régimen, y lo contrario supondría privar de eficacia a pactos de duración, prórroga y renta válidamente acordados. No obstante, a falta de una disposición transitoria general, el riesgo existe (vid. la duda general sobre la aplicación de la reforma a los contratos vigentes en el apartado Principales medidas que afectan de manera estructural al mercado de alquiler. La reforma de la LAU).

    4.4 Derecho de adquisición preferente

    P. ¿Tiene el inquilino derecho de adquisición preferente si la vivienda se vende junto con otros activos (art. 25 LAU)?

    R. Sí. Se invierte la regla anterior, que excluía el tanteo y el retracto en determinadas ventas conjuntas. Ahora estos derechos no decaen cuando la vivienda arrendada se transmite junto con otras viviendas, locales, inmuebles o activos, siempre que la vivienda sea jurídicamente individualizable. Esto incluye tanto la venta de un edificio entero como la de una cartera de activos.

    La norma no define qué debe entenderse por vivienda "jurídicamente individualizable". A nuestro juicio, el término se refiere a viviendas que, en el momento de la venta, pueden transmitirse de forma independiente sin necesidad de operaciones jurídicas previas, como la división horizontal del edificio. Refuerza esta lectura que la norma no obligue al vendedor a realizar esas operaciones, ni regule cómo se ejercería el derecho en tal caso o quién asumiría su coste. En consecuencia, en los edificios no divididos horizontalmente el arrendatario no tendría, en principio, derecho de adquisición preferente en caso de venta conjunta. La cuestión no está resuelta y la interpretación de los tribunales y de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública será determinante.

    Además, en las ventas conjuntas, la legislación sobre vivienda podrá reconocer un tanteo y retracto sobre la totalidad del inmueble a favor del órgano que designe la Administración competente. Este derecho es subsidiario del del arrendatario.

    P. ¿Cómo se determina en esos casos el precio de cada vivienda?

    R. Se reparte el precio global de forma proporcional, con criterios objetivos y verificables. Se atiende preferentemente al valor de referencia catastral y, en su defecto, a una tasación independiente. Las asignaciones de precio que busquen impedir u obstaculizar el ejercicio del derecho son ineficaces frente al arrendatario.

    La notificación al arrendatario debe expresar el precio imputado a su vivienda y los criterios utilizados para determinarlo. Sus efectos caducan a los 180 días naturales.

    Si falta la notificación, se omite alguno de esos datos o el precio efectivo o las restantes condiciones resultan más favorables, el arrendatario puede ejercer el retracto. La escritura debe recoger el precio imputado y los criterios, y para inscribir la venta debe justificarse que se han practicado las notificaciones.

    P. ¿Pueden las partes eliminar estos derechos?

    R. En los arrendamientos de vivienda, no. Las partes ya no pueden pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente.

    El RDL 29/2026 no contiene una disposición transitoria sobre las renuncias al derecho de adquisición preferente válidamente pactadas al amparo de la normativa anterior. A nuestro juicio, existen argumentos para sostener que conservan su eficacia, al tratarse de pactos válidos en el momento de su celebración. No obstante, el derecho nace con la venta, que es un hecho posterior a la entrada en vigor, por lo que existe el riesgo de que se considere aplicable la nueva prohibición (vid. la duda general sobre la aplicación de la reforma a los contratos vigentes en el apartado Principales medidas que afectan de manera estructural al mercado de alquiler. La reforma de la LAU).

    El artículo 31 de la LAU, que no se ha modificado, remite al artículo 25 para los arrendamientos para uso distinto del de vivienda. Como estos arrendamientos se rigen ante todo por la voluntad de las partes (art. 4.3 LAU), a nuestro juicio la renuncia sigue siendo válida en ellos. Para evitar dudas, recomendamos que los nuevos contratos excluyan expresamente la aplicación del artículo 25 de la LAU e incluyan la renuncia del arrendatario a los derechos de adquisición preferente.

    4.5 Gastos

    P. ¿Qué gastos pueden repercutirse al inquilino (art. 20.1 y art. 36.5 LAU)?

    R. Las partes pueden seguir pactando que corran a cargo del arrendatario los gastos generales del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no puedan individualizarse. El pacto debe constar por escrito y fijar el importe anual de esos gastos a la fecha del contrato. Los gastos de servicios individualizados mediante contadores siguen siendo siempre a cargo del arrendatario.

    Sin embargo, el RDL 29/2026 introduce nuevas prohibiciones.

    (a) no pueden repercutirse al arrendatario los tributos asociados a la vivienda, incluido el IBI, salvo que el arrendatario sea el obligado tributario;

    (b) tampoco podrán ser a cargo del arrendatario los servicios no esenciales para la perfección de los contratos de arrendamiento (salvo que el arrendatario los haya solicitado expresamente habiendo sido informado de su carácter opcional y de su coste); y, finalmente,

    (c) no puede exigirse al arrendatario la contratación de seguros de impago de rentas u otras coberturas análogas.

    Adicionalmente, en edificios sin división horizontal no cabe imputar gastos comunes a la parte arrendataria. Donde exista propiedad horizontal, la imputación se ajusta a la cuota de participación.

    La Disposición Adicional Primera de la LAU, que el RDL 29/2026 no modifica, contiene un régimen propio para el arrendamiento de viviendas de protección oficial. Permite percibir el coste real de los servicios (apartado 4) y se aplica en defecto de legislación autonómica (apartado 7). Los arrendamientos de promoción pública se rigen por sus normas particulares y, en lo no regulado, por la LAU (apartado 8). Con este fundamento, las SSTS 707/2025 y 710/2025, de 9 de mayo, entendieron que prevalece la normativa autonómica de Madrid, que permite repercutir el coste real de los servicios sin cuantificar su importe anual. Según el Tribunal Supremo, las exigencias del artículo 20.1 LAU están "circunscritas a las viviendas del mercado libre y no intervenido".

    A nuestro juicio, existen argumentos sólidos para sostener que esta doctrina se mantiene, ya que la reforma no modifica la disposición adicional primera y la doctrina se basa en la preferencia de la normativa específica. En cualquier caso, la argumentación es más clara para los gastos de comunidad y servicios que para los tributos, porque la norma madrileña también remite a "las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable", lo que podría llevar a aplicar la nueva prohibición de repercutir el IBI.

    Es importante tener en cuenta también que la categoría de "viviendas de protección oficial" está ligada al Real Decreto-ley 31/1978 y no coincide necesariamente con las figuras actuales de vivienda protegida, autonómicas o derivadas de la Ley de Vivienda. En las sentencias citadas, el Tribunal Supremo aplicó la disposición adicional primera a viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid sin analizar su correspondencia con la categoría de vivienda de protección oficial, lo que apoya su aplicación a las figuras autonómicas. No obstante, se trataba de viviendas de promoción pública, por lo que no puede descartarse que se discuta su aplicación a viviendas protegidas de promoción privada o sin encaje claro en esa categoría. Habrá que examinar caso por caso la calificación de la vivienda y la normativa autonómica aplicable.

    4.6 Desistimiento, reparaciones y documento de finalización del contrato

    P. ¿Puede seguirse incluyendo en el contrato una penalización si el inquilino se va antes (art. 11 LAU)?

    R. No para el desistimiento ejercido conforme a la ley. Antes, la LAU permitía pactar que el arrendatario que desistiera indemnizara al arrendador con una mensualidad de renta por cada año que quedara por cumplir. Ahora el arrendatario puede desistir del contrato una vez transcurridos al menos seis meses, siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. El desistimiento así ejercido no genera derecho a indemnización para el arrendador.

    En la vivienda temporal, el arrendatario puede desistir una vez transcurrido al menos un mes desde la formalización del contrato, con un preaviso mínimo de diez días. Tampoco en este caso se genera derecho a indemnización.

    La norma excluye la indemnización solo para el desistimiento "así ejercido", es decir, después de los seis meses (o del mes, en la vivienda temporal) y con el preaviso legal.

    A nuestro juicio, existen argumentos para sostener que sigue siendo válido pactar una indemnización si el arrendatario abandona la vivienda antes de esos plazos o sin respetar el preaviso. En esos casos no ejerce un derecho de desistimiento, sino que incumple el contrato. No obstante, la cuantía debería ser proporcionada al perjuicio, por ejemplo, las rentas correspondientes al preaviso omitido o al periodo que reste hasta los seis meses, para reducir el riesgo de moderación judicial.

    P. ¿Hay nuevas reglas respecto a la conservación de las viviendas arrendadas (art. 21.5 LAU)?

    R. Sí. Se incluye una nueva regla en el artículo 21 de la LAU, el apartado 5. Cuando haya daños o desperfectos que afecten a la habitabilidad, la seguridad o la salubridad de la vivienda o, en general, sean necesarias reparaciones de conservación, el arrendatario puede requerir por escrito al arrendador la reparación, adjuntando un presupuesto razonable.

    El arrendador dispone de quince días naturales desde la recepción del requerimiento para aceptar el presupuesto, proponer una reparación alternativa o ejecutar directamente la reparación. Si no responde en ese plazo o se niega injustificadamente, el arrendatario puede ejecutar las obras y descontar su importe de las rentas futuras (régimen de autotutela). El coste debe ser razonable, adecuado a los daños que se pretendan subsanar y estar acreditado documentalmente.

    Consideramos que si el arrendador propone en plazo una reparación alternativa, ha respondido al requerimiento y el arrendatario no puede ejecutar las obras por su cuenta, porque la norma solo lo permite en caso de falta de respuesta o de negativa injustificada.

    Todo ello sin perjuicio de que el arrendatario pueda seguir realizando directamente las reparaciones urgentes conforme a lo que ya preveía el apartado 3 del artículo 21 de la LAU que no se modifica por el RDL 29/2026.

    P. ¿En qué consiste el nuevo documento de finalización del arrendamiento de vivienda (art. 36.7 LAU)?

    R. Al finalizar el contrato, las partes deben dejar constancia por escrito del estado de la vivienda en el momento de la entrega de la posesión. Lo harán mediante un documento de finalización del arrendamiento firmado por ambas.

    Si no se suscribe ese documento, o si no refleja desperfecto alguno, se presume, salvo prueba en contrario, que la vivienda se entregó en estado adecuado de conservación.

    Para retener la fianza por desperfectos, el arrendador tendrá que desvirtuar esta presunción.

    La presunción se refiere solo al estado de la vivienda, por lo que no afecta a la retención por otras deudas, como rentas o suministros impagados.

    En nuestra opinión, si el arrendatario se niega a firmar el documento de finalización sin causa justificada, no debería poder beneficiarse de la presunción. En todo caso, la presunción admite prueba en contrario.

    En la práctica, recomendamos requerir de forma fehaciente al arrendatario para la firma de este documento de finalización y documentar el estado de la vivienda por medios independientes, como un acta notarial o un reportaje fotográfico fechado. También conviene contar con un inventario detallado del estado inicial de la vivienda, que facilita la comparación.

    5. Cesiones de créditos y nuevas garantías mobiliarias

    La Disposición Final Primera del RDL 29/2026 añade en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), un nuevo artículo 25 bis que refuerza la posición del deudor cedido en las cesiones. Además, el artículo 15.1 del RDL 29/2026 modifica el artículo 12 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (Ley de Hipoteca Mobiliaria) para incluir una nueva categoría de activo susceptible de hipoteca mobiliaria.

    5.1 Cesiones de créditos (DF 1 RDL 29/2026 y art. 25 bis LCCI)

    P. ¿Qué cambia para el comprador de una cartera de créditos inmobiliarios?

    R. El prestatario puede oponer al cesionario las mismas excepciones y defensas que tenía frente al acreedor originario, incluida la compensación conforme al Código Civil. Los códigos de buenas prácticas a los que estuviera adherido el cedente siguen siendo aplicables, y cedente y cesionario deben acordar la forma menos gravosa para el deudor de preservarlos. La cesión debe comunicarse al prestatario, salvo que el prestamista original siga prestando los servicios relativos al crédito de común acuerdo con el nuevo titular. Todas las comunicaciones deben enviarse a todos los titulares y avalistas.

    Al integrarse en la LCCI, el artículo 25 bis se aplica dentro del ámbito de su artículo 2. Esto comprende los préstamos concedidos por prestamistas profesionales cuando el prestatario, fiador o garante sea persona física y el préstamo: (a) esté garantizado con hipoteca u otro derecho real sobre un inmueble de uso residencial, incluidos trasteros y garajes; o (b) tenga por finalidad adquirir o conservar terrenos o inmuebles, en este caso solo si el prestatario, fiador o garante es consumidor. Quedarían fuera, por tanto, los préstamos a personas jurídicas sin garantes personas físicas.

    P. ¿Hay préstamos que no pueden cederse?

    R. Sí. No pueden cederse los préstamos hipotecarios vencidos cuyo deudor esté acogido a las medidas del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (RDL 6/2012).

    P. ¿Qué es la obligación de readquisición?

    R. Cuando se cede un crédito vencido con hipoteca sobre la vivienda habitual del deudor, cedente y/o cesionario deben informarle de la posibilidad de acogerse al RDL 6/2012.

    La fórmula "el cedente y/o el cesionario" del artículo 25 bis.5 de la LCCI significa que la comunicación puede hacerla cualquiera de los dos, o ambos, por lo que basta con que la envíe uno de ellos.

    Si el deudor acredita que reúne los requisitos dentro de los seis meses siguientes a la comunicación, el cedente debe readquirir el préstamo por el mismo precio de cesión y ofrecer las medidas solicitadas. Esta obligación no se aplica si se ha acordado con el cedente que sea este quien ofrezca las medidas.

    Al artículo 25 bis.5 de la LCCI le falta el sujeto del pacto, pero entendemos que es el cesionario, que acuerda con el cedente que este ofrezca las medidas sin readquirir el préstamo. Como la norma no regula quién soporta el coste económico de esas medidas, conviene pactarlo en el contrato de cesión.

    La obligación de readquisición introduce una contingencia de hasta seis meses desde la comunicación de la cesión que afectará a la valoración, al precio y a la estructura de las operaciones (retenciones de precio, mecanismos de ajuste, declaraciones y garantías).

    P. ¿A qué operaciones se aplica (DF 11.2 RDL 29/2026)?

    R. A las cesiones de créditos hipotecarios realizadas tras la entrada en vigor (8 de octubre de 2026), "cualquiera que sea el momento en el que se hubiera celebrado el contrato".

    El apartado segundo de la Disposición Final 11 no aclara si el artículo 25 bis de la LCCI se aplica a las cesiones de créditos hipotecarios concedidos antes de la LCCI. Es defendible que no, porque el artículo 25 bis solo opera dentro del ámbito de la LCCI, que en principio no es retroactiva. Aun así, existe riesgo de que se interprete que la expresión "cualquiera que sea el momento en el que se hubiera celebrado el contrato" los incluye.

    Por otro lado, en nuestra opinión la cesión formalizada en escritura antes del 8 de octubre de 2026 queda fuera del nuevo régimen aunque se inscriba después. El propio RDL 29/2026 adopta ese criterio en su artículo 1.3 para las transmisiones escrituradas y pendientes de inscripción, y la doctrina mayoritaria atribuye a la inscripción de la cesión del crédito hipotecario un carácter meramente declarativo. No obstante, existe riesgo de una interpretación en contrario, precisamente porque la Disposición Final 11 no recoge una salvedad como la del artículo 1.3.

    5.2 Modificación de la Ley de Hipoteca Mobiliaria (art. 15 RDL 29/2026 y art. 12 LHM)

    P. ¿Cuál es el nuevo activo que puede ser ahora objeto de hipoteca mobiliaria?

    R. El artículo 15 del RDL 29/2026 modifica el artículo 12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria para incluir en el catálogo cerrado de bienes muebles susceptibles de ser gravados con hipoteca mobiliaria el "conjunto de componentes industrializados destinados a la construcción industrializada de edificios, fabricados en entorno controlado para su posterior transporte, recepción, montaje y ensamblaje en obra".

    6. Otras medidas que afectan al mercado de vivienda: (i) modificaciones a la Ley de Vivienda y (ii) publicidad en arrendamientos

    El artículo 4 del RDL 29/2026 modifica la Ley de Vivienda en lo que respecta a la definición de gran tenedor y también su régimen transitorio. Por otro lado, el RDL 29/2026 refuerza el régimen de publicidad en arrendamientos (art. 20).

    6.1 Modificaciones en la Ley de Vivienda

    P. ¿Qué novedades hay en la definición de gran tenedor (art. 3.k) Ley de Vivienda?

    R. Se mantienen los umbrales: más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 m² construidos de uso residencial, sin contar garajes ni trasteros. En zonas tensionadas, la comunidad autónoma puede rebajar el umbral, de forma motivada, a los titulares de cinco o más inmuebles.

    Las novedades son las siguientes:

    (a) Lo más relevante es que, cuando una finca registral comprenda un edificio con varias unidades susceptibles de uso residencial, cada una de esas unidades se computa como un inmueble independiente, aunque no exista división horizontal inscrita.

    La norma no define qué es una "unidad susceptible de uso residencial". La interpretación más razonable es que solo se computen las unidades configuradas física y funcionalmente como viviendas independientes, con acceso propio y aptas para su uso, y no las partes del edificio que únicamente podrían llegar a destinarse a vivienda. No obstante, la cuestión no está resuelta y no puede descartarse una interpretación más amplia.

    (b) En el umbral rebajado para zonas tensionadas desaparece el adjetivo "urbanos".

    Literalmente, esto permitiría computar también inmuebles de uso residencial no urbanos ubicados en la zona tensionada. La cuestión tiene relevancia práctica, porque muchas declaraciones abarcan términos municipales completos, que pueden incluir viviendas en suelo rústico, mientras que otras excluyen expresamente las zonas rurales. Conviene revisar la delimitación de cada zona.

    (c) La condición de gran tenedor debe acreditarse con una certificación del Registro de la Propiedad que relacione las propiedades del titular.

    La exigencia se recoge en la propia definición, por lo que no se limita al ámbito procesal como hasta ahora.

    P. ¿Qué cambia en el régimen transitorio de la Ley de Vivienda (DT 4)?

    R. La redacción original establecía que los contratos de arrendamiento celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda seguirían rigiéndose por el régimen que les era aplicable. Era, por tanto, un régimen de pleno respeto a la situación anterior.

    La nueva redacción cambia esa lógica en dos aspectos y mantiene, en todo lo demás, el régimen vigente cuando se celebraron los contratos:

    (d) Prórrogas: Los contratos anteriores a mayo de 2023 podrán prorrogarse conforme al artículo 10 de la LAU, en la redacción introducida por la Ley de Vivienda. El efecto práctico más relevante es que los arrendatarios de estos contratos pueden solicitar las dos prórrogas extraordinarias que introdujo la Ley de Vivienda: la de un año por vulnerabilidad social y económica y la de hasta tres años en zonas tensionadas.

    (e) Actualización de la renta: El tope de actualización pasa a ser el IRAV (art. 18.1 LAU). En todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2027 se aplica además el límite temporal de la Disposición Final Sexta del RDL 29/2026: si la renta supera el índice de precios de referencia, no procede ningún incremento y, en los demás casos, a falta de nuevo pacto, el incremento no puede superar el 2 %.

    Ninguno de estos cambios alcanza, en nuestra opinión, a los contratos anteriores al 1 de enero de 1995, que se rigen por sus propias disposiciones transitorias, ya que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Vivienda se refiere solo a los contratos "sometidos a la Ley 29/1994".

    6.2 Novedades en el régimen de publicidad de los arrendamientos de vivienda

    P. ¿Qué debe incluir ahora la publicidad de un arrendamiento de vivienda (art. 20 RDL 29/2026)?

    R. La publicidad, promoción u oferta de arrendamientos de vivienda debe ajustarse a los principios de veracidad y transparencia, y no puede omitir ni distorsionar información relevante que pueda inducir a error. Además, debe incluir, al menos:

    (a) el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, si el inmueble está en una zona de mercado residencial tensionado;

    (b) en los ámbitos sujetos a limitación legal de la renta de vivienda habitual, el límite de renta aplicable y las referencias a la normativa y parámetros que determinen dicho límite;

    (c) el número, código o título identificativo de la unidad arrendada (cuando proceda); y

    (d)  la condición de gran tenedor del arrendador (cuando proceda).

    Disposiciones muy similares se contemplaban ya en algunas comunidades autónomas (como Cataluña o Navarra), pero el RDL 29/2026 las generaliza en todo el ámbito nacional.

    7. Medidas fiscales relevantes

    7.1 SOCIMIs – gravamen especial incrementado del 25%

    Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2026 que no hubiesen concluido el 8 de octubre de 2026 (fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley), se establece un gravamen especial incrementado del 25 % sobre beneficios no distribuidos procedentes de arrendamiento residencial (incluidos alojamientos turísticos o alquileres de corta duración).

    Se prevé una reducción: (i) del 50 % si más del 80 % del parque de viviendas en alquiler se destina a alquiler a precio asequible; y (ii) del 100 % si, además, el beneficio no distribuido se reinvierte en tres años en viviendas de alquiler asequible. A estos efectos, se entiende por vivienda en alquiler a precio asequible la vivienda asequible y la vivienda protegida (social o de precio limitado) conforme al artículo 3 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Asimismo, a efectos del cómputo del porcentaje del 80 % se tomará en consideración el balance consolidado cuando la SOCIMI sea dominante de un grupo, considerando solo el parque de viviendas en alquiler situado en España. Dicho grupo estará integrado exclusivamente por las SOCIMIs y el resto de las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las SOCIMIs (por ejemplo, REITs no residentes en territorio español o Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria).

    Se regula un régimen transitorio con umbrales del 60 % (2026) y 70 % (2027) del parque de viviendas en alquiler destinadas a alquiler a precio asequible. Desde el 2028 en adelante se aplicará el umbral del 80 %.

    7.2 IVA – alojamientos turísticos al tipo reducido (10 %)

    Con efectos desde el 1 de diciembre de 2026, los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuya duración a favor de un mismo arrendatario no supere las 30 noches dejan de estar exentos del IVA y pasan a tributar al tipo reducido del 10 %. Ello permitirá a los arrendadores afectados por esta medida deducir el IVA que, en su caso, hubiesen soportado en la adquisición del correspondiente inmueble (10%), así como en la adquisición del mobiliario (21%) y en los servicios recibidos (por ejemplo, servicios de gestoría (21%) o ejecuciones de obra de renovación o reparación (10%)). El impacto económico de esta medida para el arrendador podría incluso serle favorable debido a las diferencias de tipos entre el IVA repercutido y el IVA soportado.

    7.3 IVA ‒ viviendas al tipo superreducido (4 %)

    Con efectos desde el 1 de diciembre de 2026, la transmisión de viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida tributará al tipo superreducido del 4 %, como vienen haciendo las viviendas calificadas como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública.

    7.4 IBI – recargos por viviendas vacías y turísticas

    Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 8 de octubre de 2026 (fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley) y con vigencia indefinida, se habilita a los ayuntamientos para imponer recargos de hasta el 50 % - 150 % de la cuota del IBI sobre viviendas desocupadas o destinadas a uso turístico en zonas tensionadas, con escalas progresivas según el número de inmuebles del titular y los años de desocupación. Dichos recargos se devengarán el 31 de diciembre y se liquidarán anualmente por los ayuntamientos. Llama la atención que no se fije como fecha de devengo de estos recargos el 1 de enero como ocurre con la cuota del IBI, lo que provocará duplicidades en la gestión de este impuesto.

    Conclusión

    El RDL 29/2026 transforma en profundidad el marco jurídico de la vivienda en España.

    • Capacidad de compra: Hasta el 31 de diciembre de 2030 se limita la adquisición de vivienda por determinadas entidades y grandes tenedores por menos del 70 % de su valor de mercado. Hasta que se apruebe el Código de Buenas Prácticas, la limitación alcanza también a las adjudicaciones en procedimientos de ejecución.
    • Arrendatario vulnerable: Su protección se refuerza con suspensiones hasta 2030 y con un mecanismo estructural de enervación que traslada a la Administración el coste del impago.
    • Nuevas prórrogas de arrendamiento: Se introduce una prórroga extraordinaria de hasta dos años. Además, se validan las solicitudes formuladas al amparo del RDL 8/2026 y se extienden las prórrogas de la Ley de Vivienda a los contratos anteriores a 2023.
    • Régimen contractual: Se reordena el alquiler, incluidos el temporal, el de habitaciones y el de viviendas de alto standing. Se limita la repercusión de gastos a los arrendatarios (en particular, del IBI y de los gastos de comunidad en edificios que no estén en régimen de propiedad horizontal) y se refuerza el derecho de adquisición preferente, que ya no es renunciable y se aplica a las ventas en bloque de viviendas jurídicamente individualizables.
    • Carteras de NPLs: El nuevo art. 25 bis LCCI introduce una contingencia de readquisición en las cesiones de créditos vencidos con hipoteca sobre la vivienda habitual del deudor, siempre que estén dentro del ámbito de la LCCI. Esa contingencia tendrá que reflejarse en el precio y en la documentación.

    La norma está en vigor desde el 8 de octubre de 2026 y muchas de sus medidas se aplican también a situaciones en curso.

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